El gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para eliminar el tope del Fondo del Conurbano Bonaerense y modificar la ley de ganancias. Si la justicia falla a favor de la demanda, Santa Fe perdería, aproximadamente, $6.000 millones pesos.
Pero empecemos por el principio. El Fondo del Conurbano Bonaerense se creó en 1992 para compensar a Buenos Aires por la posición, supuestamente desfavorable, en que la dejó la ley de coparticipación de 1988. En ese entonces, se estableció que los recursos de ese fondo serían conformados por el 10% de lo recaudado del impuesto a las ganancias. En 1996 se reglamentó por ley que la Provincia de Buenos Aires podría disponer hasta un máximo de $650 millones de esos recursos y el excedente sería distribuido entre las provincias en concepto de coparticipación.
Si la Corte Suprema declara inconstitucional el artículo fijado a mediados de los 90, vamos a perder esos $6.000 millones que provienen del excedente del Fondo del Conurbano Bonaerense.
Pero no vamos a dejar que nos metan la mano en el bolsillo tan fácil. Eliminar el tope que fue acordado en 1996, es modificar una ley vigente y eso en ningún caso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Si hay que modificar alguna normativa, se tiene que debatir en el Congreso que es el órgano correspondiente y, llegado el caso, también se tiene que poner sobre la mesa de la discusión, una nueva ley de coparticipación.
La reforma constitucional de 1994 estableció que todas las contribuciones tributarias son coparticipables y es el Congreso de la Nación el responsable de establecer y modificar las asignaciones específicas siempre y cuando sean por tiempo determinado, reguladas por una ley especial y aprobada por la mayoría absoluta de cada cámara.
Además, en la constitución, se estableció que bajo ningún punto, se puede modificar el régimen de coparticipación en desmedro de las provincias como se quiere hacer ahora. En todo caso, el dinero que le reclama la Provincia de Buenos Aires al resto del país, debería ser saldado con fondos del Gobierno Nacional y no de las provincias.
No debemos olvidarnos que el Gobierno Nacional ya le transfirió $25.000 millones a la Provincia de Buenos Aires para compensar las pérdidas por el congelamiento del mencionado fondo. Y a esos fondos, hay que sumarle los casi $80.000 millones que le transfirió, en conjunto con Capital Federal, en concepto de subsidios a los servicios públicos.
Pedimos que en la próxima sesión, todo el cuerpo legislativo de la Cámara de Diputados declare su profunda preocupación ante esta situación que amenaza los recursos económicos de la provincia.