Exigimos la rectificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional del recorte a la partida presupuestaria que está destinada a las áreas de la Defensoría, la Bicameral de la designación de defensor y la Secretaría Nacional de Niñez.

Esta es una medida en contra de los más chicos. Es una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Parece que el gobierno nacional desconoce los datos que Unicef reveló a fines del año pasado sobre la dramática situación social vinculada a la niñez que vive nuestro país, donde el 48% de los chicos son pobres y la mitad de estos muestra severas privaciones de derechos fundamentales, como por ejemplo vivir al lado de un basural, en una zona inundable o padecer problemas de acceso al agua potable.

Esta es una situación de incumplimiento legal porque sacar del Presupuesto aprobado el año pasado, $932 millones a Niñez y Adolescencia es incumplir con sus ciudadanos y con la comunidad internacional, con quienes mantenemos compromisos constitucionales que mandan garantizar y efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La noticia no sólo denuncia la infracción en que incurre el Poder Ejecutivo Nacional respecto a los compromisos asumidos sino que implica inadvertir que las instituciones del Sistema de Protección Integral de Derechos establecidas por ley -entre ellas SENAF y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia- pueden cumplir con sus funciones en tanto y en cuanto cuenten con los recursos necesarios para hacerlo.

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